La Universidad Católica presentó este jueves una demanda en contra del Estado por incumplimiento de la ley en relación con la norma que establece la obligación de otorgar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a las instituciones de educación superior.

El rector de dicha casa de estudios, Ignacio Sánchez,  calificó como “grave” el establecimiento de un precedente en esta materia, ya que “comprometería de manera seria el desarrollo futuro del conjunto del sistema”, añadiendo que otros planteles universitarios podrían sumarse a la causa.

“Por medio de esta demanda queremos, como universidad, hacer presente el incumplimiento de la ley en que ha caído el Estado de Chile respecto de una normativa plenamente vigente, que fue creada como una ley de financiamiento permanente, orientada a fortalecer y reconocer a las instituciones con alto desempeño y preferencia entre los estudiantes”, afirmó el mandamás de la UC a El Mercurio.

El AFI fue establecido en 1981 y entrega recursos anuales a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica que tengan entre sus matriculados a estudiantes que se encuentren entre los 27.500 mejores puntajes en la PSU. La mayor cantidad del dinero destinado a este ítem se los lleva la Universidad Católica y la Universidad de Chile. No obstante, en la Ley de Presupuesto del 2017 no se incluyeron dichos montos.

Sánchez aseguró que “la medida adoptada por el Gobierno implica para la UC un daño patrimonial de más de $1.700 millones”. “Consideramos que lo más grave es afectar el Estado de derecho y el incumplimiento de la legalidad vigente, lo que no podemos permitir”, recalcó.

Ahora el Consejo de Defensa del Estado tiene 15 días para contestar la acción civil, más más la existencia de una réplica y una dúplica, aunque también se incluye un llamado a conciliación. El procedimiento puede demorar varios meses y, además, las partes pueden recurrir después a la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.

AUTOR: Daniel Giacaman Z.
FUENTE: La Nación / Aton Chile