Plantel se querelló en octubre pasado contra los responsables de los deterioros que dejaron las ocupaciones, estimadas en $200 millones, y Ministerio Público estableció que no había pruebas. Marco Velarde, presidente de la Feucen, valoró la medida y pidió a las autoridades del plantel reconsiderar la expulsión de 9 jóvenes sobre los cuales pesa la medida. De los alumnos desvinculados, 11 alcanzaron a terminar sus estudios y el resto se cambió de universidad.

El Ministerio Público sobreseyó este viernes, por falta de pruebas, a los 37 estudiantes que fueron detenidos durante las tomas que afectaron en julio pasado a la Universidad Central y sobre los cuales pesaba una querella –interpuesta por el plantel- por los daños que dejaron las ocupaciones, estimados en 200 millones de pesos.

Los jóvenes fueron expulsados de la casa de estudios, por haber obstaculizado el normal funcionamiento de la institución, según se precisó.

La universidad se querelló contra los alumnos el 4 de octubre del año pasado en el Séptimo Juzgado de Garantía. Con la decisión de la Fiscalía “se puso fin a la persecución penal” de los jóvenes, explicó la abogada de los estudiantes, Martina Leiva.

Once estudiantes, de los 37 expulsados, alcanzaron a terminar sus estudios y no se les aplicó la medida. Con expulsión pendiente quedan otros 9 jóvenes que presentaron un recurso de protección, con orden de no innovar, medida que debe ser vista en las próximas dos semanas en la Corte de Apelaciones. Los restantes estudiantes afectados se cambiaron de universidad, incluso algunos se fueron a estudiar a Argentina.

“GESTOS” DEL RECTOR

Imagen foto_00000008Marco Velarde, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen), valoró la decisión de la Fiscalía, pero hizo de hincapié en que “independientemente de lo que estableció el Ministerio Público, de que no hay pruebas, todavía hay expulsiones en curso”.

“Esperamos que ahora hayan gestos de la autoridad”, apuntó el dirigente.

FISCALÍA UNIVERSIDAD

El fiscal de la universidad, Rodrigo Núñez, explicó a Nación.cl que la universidad se querelló, en ocubre del año pasado, “contra los que resultaran responsables (de los daños), pero no contra personas determinadas”.

Tras las ocupaciones, hubo 37 alumnos detenidos “pero la querella no fue presentada contra ellos” puntualmente, precisó.

“La Fiscalía comenzó una investigación (a la luz de la acción judicial), pidió un informe a Carabineros, pero solicitó al tribunal no perseverar, porque no había más pruebas”, añadió.

Luego que se solicitara no perseverar en el caso, la universidad se reunió con la Confech y la Feucen y se acordó que si este viernes no había mayores antecedentes “la universidad no iba a oponerse a la petición de la Fiscalía”, remarcó el fiscal.

Puso énfasis en que esta medida “no tiene nada que ver con la expulsión de los alumnos. Esto último se adoptó a través de un procedimiento interno de la universidad atendiendo que su falta principal fue impedir el normal funcionamiento” de la casa de estudios.

 

SECCIÓN: País
AUTOR: P.Sch.
FUENTE: Patricia Schüller G.