Por 47 votos a favor, 28 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el informe de la comisión que investigó el proceso de reconstrucción nacional.

El informe aprobado por los diputados plantea que en los primeros meses después del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, se aprobó una serie de leyes y decretos para enfrentar la catástrofe.

Apunta que las primeras tareas del Comité de Emergencia fueron las labores de rescate y la reposición del orden público, así como el restablecimiento de los servicios básicos, para posteriormente abocarse a los problemas que surgían con el invierno: techo, protección, salud, clases, empleos de reconstrucción y reparación de la infraestructura vial y costera.

La Contraloría General de la República manifestó que en la etapa inicial la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) no tuvo una real capacidad operativa para la magnitud de la catástrofe, y que fue frecuente la realización de operaciones sin la documentación de respaldo o bien con facturas u órdenes de compras ilegibles, lo que posteriormente se fue reparando.

“A juicio del contralor se produjo una dispersión en la forma de hacer el gasto público, circunstancia que de una u otra manera fue paliada por la formación del Comité de Emergencia en el ministerio del Interior, el cual logró generar una cierta canalización eficiente de los recursos públicos que estaban dispersos”, indica el informe.

En cuanto a la denuncia del pago de sobreprecio en la adquisición de viviendas de emergencia, plantea que si bien la Contraloría realizó observaciones, el incentivo tuvo por objeto dar una “pronta respuesta” a las necesidades de los damnificados y mantener la cadena de producción de las viviendas de emergencia, dado el aumento de precios de las mediaguas y de sus insumos.

“Respecto a los mayores precios pagados por las mediaguas adquiridas a las empresas Un Techo para Cristo y Forestal Tromen S.A, la CGR ha señalado que si bien las especificaciones técnicas de estas viviendas son superiores al resto de las mediaguas compradas, estas no estaban contempladas en la Circular N°28”, sentencia el texto.

El documento da cuenta de problemas en la entrega de subsidios, como inoperancia de la EGIS, falta de experiencia y medios de las municipalidades, falta de capacidad de asociación de los grupos de damnificados, burocracia en la reparación de edificios, entre otros.

Apunta que ante ello, se tomaron 4 medidas: Entrega de subsidios portales a las familias afectadas; autoconstrucción supervisada en sus propias viviendas; entrega de subsidio especial de hasta 500 UF para construir en cascos históricos de 22 comunas; y disminución de trámites, descentralización de funciones y simplificación de procesos.

FUENTE: Nación.cl