Poniendo fin a las escaramuzas, finalmente el Estado chileno tendrá que intervenir en el conflicto que afecta a la empresa Lucchetti en Perú. Ello luego que el gobierno peruano rechazara la jurisdicción del Centro de Arreglos de Diferencias Relativas Inversiones (Ciadi) solicitada por la empresa de fideos como tribunal para decidir si el cierre de su planta ubicada en las cercanías de la reserva ecológica Los Pantanos de Villa, en Lima, es contrario al Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (APPI), suscrito entre Chile y Perú.

El martes pasado, el embajador del vecino país en Washington, Roberto Dañino, anunció que no participarán del requerimiento hecho por Lucchetti ante el Ciadi, puesto que no habrían cumplido todos los requisitos para llegar a esa instancia. Asimismo ratificó la postura peruana de que el conflicto entre el municipio de Lima con la empresa de capitales chilenos se inició en 1998, casi 3 años antes de la entrada en vigencia del APPI y, por lo tanto, no sería posible utilizar sus mecanismos de solución de controversias.

En contrapartida, el Estado chileno ha reiterado que la expulsión de la empresa desde el Perú se decidió el 24 de agosto del 2001 y el acuerdo se encontraba vigente desde el 3 de agosto de ese mismo año.

Para zanjar las diferencias, la Cancillería chilena invocaría durante los próximos días el artículo 9 del APPI, que establece que “en caso de que las partes contratantes no pudieran llegar a un acuerdo sobre la interpretación o aplicación del APPI, la controversia deberá ser remitida a un tribunal arbitral compuesto por tres miembros… uno de cada país, quienes elegirán al presidente del tribunal que será de un tercer estado. Está determinado que el fallo de este tribunal es definitivo.

Cabe destacar que la participación del Estado de Chile en el conflicto sólo estaría destinada a defender la aplicabilidad del APPI en la controversia y no para intervenir respecto al tema de fondo que representa la continuidad o cierre definitivo de la compañía en territorio peruano.

Por su parte, Lucchetti rechazó los argumentos presentados por el gobierno peruano para impugnar el requerimiento ante el Ciadi y precisó que se realizaron todos los contactos posibles para lograr una salida amigable del conflicto. Al respecto, informó que se enviaron 5 cartas al Presidente Alejandro Toledo, solicitando una mediación y ninguna fue respondida. Asimismo, señalaron que se reunieron en reiteradas oportunidades con el alcalde de Lima, Alberto Andrade para encontrar una salida acordada al conflicto, que tampoco fructificó.

AUTOR: Alex Farfán Lobos